Alberto García Sola fue becario de la Facultad de Informática de la Universidad de Murcia. Pero ahora es el centro del foco farandulero por lo que hizo a través de su portal Series Yonkis que creó a los 22 años en el 2007.

Confiesa que consideraba la informática como una fusión entre su hobby y su pasión. Pero ahora se enfrenta a cargos judiciales ante la Ciudad de la Justicia de Murcia, a causa de la propiedad intelectual. Es la causa mas compleja sobre este aspecto que se ha presentado en la historia de la judicatura española.

En dicha imputación se le están exigiendo 550 millones de euros de indemnización. Debido a que desde hace una docena de años que el portal está en funcionamiento, por medio del cual los usuarios podían acceder a enlaces para visualizar documentales, películas y series.

En sus inicios fue como cualquier chico bloguero e intelectual que ofrecía sus humildes consejos informáticos y aclaraba dudas tecnológicas. Además de los típicos comentarios de las reuniones sociales y chistes juveniles.

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Declara que actualmente no trabaja en ningún sitio web, es un serio ingeniero informático. Tiene un máster y un doctorado, formó parte del Grupo de Investigación y sistemas Inteligentes y Telemática de la Universidad de Murcia. En septiembre de hace 6 años fue meritoriamente incluido en el Boletín Oficial del Estado. En el que se colocan los aspirantes que ha superado la oposición del Cuerpo Superior de Sistemas y Administración del Estado.

Este joven padre de familia, con una mujer embarazada y un hijo; asegura que nadie de su entorno tiene conocimiento del portal. Las estimaciones consideran que Series Yonkis ha causado daños por 546.166.421 €. Las acusaciones fueron realizadas por la Federación de Antipiratería y EGEA (Entidad de Gestión de los Derechos de los Productores Audiovisuales)

Otros involucrados

Además de él, también comparecieron este lunes ante el tribunal, los empresarios catalanes Jordi Tamargo, David Martínez y el administrativo francés Alexis Hoepfner. La fiscalía llegó a las conclusiones provisionales al citarlos por ser miembros de la mercantil Burn Media.

Quienes en abril del 2010 compraron el portal, hecho que tuvo lugar en Barcelona en pleno auge del mismo. El murciano Alberto recibió el pago de 610.000 €, consistentes por el contenido del portal, software, bases de daros y programación.

Cuando aquella venta sucedió, cuando la página estaba en manos de su único administrador. Su espacio físico variaba entre la Universidad, la plaza Circular de Murcia y la avenida Juan Carlos I de Lorca.

Se trató de uno de los portales ubicados entre los 20 más visitados del país. Y había sido detonado en la Oficina Federal de Investigación de EEUU. Desde que las autoridades de aquel país cerraron Megaupload, y detuvieron a los responsables.

Overbooking pericial

Los peritos se esmerarán en determinar el alcance del daño contra la industria. Por lo que las vistas serán intervenidas por al menos 15 peritos. Este overbooking de peritos es para cuantificar la responsabilidad civil por la difusión de cada serie, documental y película transmitida. Lo que determinará el importe económico de la indemnización.

Así lo aclaró Pablo Lanzarote en las conclusiones provisionales, en las que afirma que la sanción será directamente proporcional con lo que indiquen los peritos. Cada acusado se enfrenta a dos años de cárcel.

Se trata de una averiguación exhaustiva en la que se rastrean los domicilios de los imputados que han cambiado a lo largo de los años. Unos han estado en Miami, cambiaron de abogados, después las revisiones de los permisos judicial que rastrean cuentas paypal. Además de los ‘nicks’, e-mails y servidores desde España hasta Hong Kong.

Actividad lucrativa

Era un portal con ánimo de lucro, ya que anunciaba publicidad y ofrecía membresía premium. También contaba con una vitrina sistematizada de portadas de películas organizadas por género.

Estos contenían enlaces a lo sitios web, donde el espectador podía ver vía streaming el contenido seleccionado o simplemente descargarlo en el disco duro.

Datos curiosos

  • Es la primera causa judicial española respecto a delitos contra la propiedad intelectual empleando enlaces.
  • Sentó jurisprudencia el caso ‘Svensson’ del 13 de febrero del 2014.Cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea calificó como acto de comunicación pública la facilitación de enlaces hacia obras protegidas.

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